Defensa penal particular, con estrategia desde el primer día.

La defensa comienza desde el primer contacto con la autoridad: una detención, una citación para comparecer o el aviso de que existe una investigación. Lo que se hace en esas primeras horas influye en todo el proceso.

Mi experiencia en el Ministerio Público me permite revisar cómo se construyó la acusación: qué datos de prueba la sostienen, qué le falta y si la autoridad respetó el procedimiento y los derechos de la persona.

Atiendo asuntos del fuero común y del fuero federal. Unos delitos los investiga la fiscalía del estado y otros la Fiscalía General de la República (FGR), según la ley y los hechos de cada caso. La consulta puede hacerse a distancia; en audiencia comparezco de forma presencial cuando el procedimiento lo requiere.

No hay dos casos iguales: la estrategia se define después de conocer los hechos, los antecedentes procesales y la información disponible, sin prometer resultados.

No todas las resoluciones se impugnan por la misma vía. Antes de actuar se revisa qué se resolvió, quién lo resolvió, en qué etapa está el proceso y cuánto tiempo queda para impugnar.

Los plazos son breves y distintos en cada vía, por lo que conviene revisar la resolución cuanto antes.

En homicidio, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada y otros delitos graves, las primeras decisiones del proceso pesan mucho. Por eso conviene intervenir desde la detención o desde que se sabe de la investigación.

La prisión preventiva no se impone de forma automática en todos los delitos graves. La Constitución distingue la prisión preventiva oficiosa, que el juez ordena en los delitos que señala el artículo 19, de la justificada, que solo procede si el Ministerio Público demuestra que otras medidas cautelares no bastan. En cada caso se revisa cuál se pide y si está sustentada.

La defensa revisa la legalidad de la detención y de la actuación de la policía y del Ministerio Público, la solidez de los datos de prueba y las medidas cautelares que realmente proceden.

En los delitos patrimoniales la prueba suele ser documental y contable: contratos, transferencias, escrituras y peritajes. Conocer cómo se integran estas carpetas desde el Ministerio Público permite anticipar sus fortalezas y sus vacíos.

La práctica no se limita a estos delitos: también se atienden asuntos de amenazas, lesiones, violencia familiar, abuso de autoridad y otros delitos de los códigos penales y de las leyes federales.

Cuando conviene y la ley lo permite, se busca una solución que repare el daño sin llegar a juicio, como un acuerdo reparatorio.

Por regla general si el bien afectado es federal, como un vehículo de la CFE, o el delito está en una ley federal, el caso lo lleva la Fiscalía General de la República; en los demás, la fiscalía del estado.

Lo que en la calle se conoce como un accidente o un hecho de tránsito, para la ley puede ser un delito culposo de daños, de lesiones o de homicidio, es decir, sin intención. Conviene asesorarse desde el primer momento, aunque nadie haya resultado herido.

Si en el hecho participa un vehículo de una dependencia federal, como la CFE, o ocurre en una carretera federal, el caso puede corresponder a la Fiscalía General de la República.

En estos casos la prueba suele ser técnica: dictámenes periciales, entrevistas y testimonios que deben obtenerse y valorarse con método. Un error en la investigación compromete todo el proceso.

Se atiende tanto la defensa como la asesoría a la víctima, con trato reservado y respeto a la intimidad. La perspectiva de género y la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes se aplican sin afectar la presunción de inocencia: cada caso se analiza con sus propias pruebas, sin anticipar conclusiones.

Compartir sin consentimiento fotos o videos íntimos de una persona también es un delito sexual: la ley lo llama delito contra la intimidad sexual.

Esta experiencia viene de mi trabajo como agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y como coordinadora de la Unidad de Género de Valles Centrales. La mayoría de estos casos los investiga la fiscalía del estado; los de competencia federal, la Fiscalía General de la República.

La perspectiva de género es un método de análisis que la ley y la jurisprudencia exigen para investigar y juzgar estos casos: cambia la forma de recabar y valorar las pruebas. Estos protocolos los apliqué como coordinadora de la Unidad de Género de Valles Centrales de la Fiscalía.

Se acompaña a víctimas y familias en casos de feminicidio, tentativa y violencia familiar, y se gestionan desde el primer momento las medidas de protección necesarias. También se atiende la defensa de personas señaladas, con respeto a la presunción de inocencia y a los derechos de las víctimas.

Por lo general estos casos los investiga la fiscalía del estado; los de competencia federal, la Fiscalía General de la República.

Si un familiar no aparece, no tiene que esperar 72 horas para denunciar: la búsqueda debe empezar de inmediato, y las primeras horas son las más importantes.

Según los hechos, el caso puede atenderse como persona no localizada, como desaparición cometida por particulares o como desaparición forzada, cuando participa una persona servidora pública o un particular con su autorización, apoyo o consentimiento.

Por regla general investigan las fiscalías especializadas de cada estado. La Fiscalía General de la República conoce en los supuestos que fija la Ley General en Materia de Desaparición, por ejemplo cuando participa una persona servidora pública federal, cuando hay delincuencia organizada o cuando atrae el caso. Quién es competente se revisa en cada asunto.

Las familias tienen derecho a participar en la búsqueda y en la investigación, a recibir información sobre los avances y a contar con asesoría jurídica.

La víctima tiene derecho a una asesoría jurídica que la represente: a aportar pruebas, intervenir en audiencia, impugnar decisiones y exigir la reparación del daño. Sin representación, esos derechos suelen quedarse en el papel.

El acompañamiento va desde la redacción de la denuncia o querella hasta la etapa de ejecución, con información clara en cada paso para que sepa qué esperar.

Según el delito, el caso lo investiga la fiscalía del estado o la Fiscalía General de la República (FGR). Represento a la víctima en los dos fueros.

No existe un delito de «usar inteligencia artificial». La ley castiga conductas concretas, y la IA puede ser el medio: difundir imágenes íntimas falsas de una persona, amenazarla o extorsionarla con publicar contenido alterado, suplantar su identidad o su voz para engañar a otros, o acosarla en redes sociales. En algunos estados, como Oaxaca, usar estas herramientas puede agravar la pena.

Mi intervención es jurídica: orientar sobre qué delito puede configurarse, presentar la denuncia o querella, pedir medidas de protección y defender a quien es señalado.

Saber si una imagen, un video o un audio fue creado o alterado, y de dónde salió, requiere un dictamen técnico. Ese análisis lo realizan peritos externos en informática forense; su participación y su costo se acuerdan según las necesidades del asunto.

Según el delito, el caso lo investiga la fiscalía del estado o la Fiscalía General de la República.